Aviso al lector: esta es una carta ficticia, escrita por inteligencia artificial con una voz imaginada de Nicolás Maduro. No es una declaración auténtica, no ha sido autorizada por él y no constituye prueba sobre las acusaciones.
Al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo:
Escribo para defender mi inocencia y para denunciar lo que considero una injusticia contra mi persona y una agresión a la soberanía de Venezuela.
Niego las acusaciones de participación en el tráfico de drogas. Rechazo el intento de transformar mi trayectoria política en un relato criminal, presentado al público como verdad antes de un juicio.
Ejercí la Presidencia de la República. Mi posición ya me confería autoridad institucional, proyección internacional y los medios necesarios para el ejercicio de mis funciones. ¿Por qué habría de arriesgar todo eso para buscar dinero e influencia en el narcotráfico? Esa pregunta merece ser abordada por quienes presentan la acusación como una explicación evidente de mi vida.
No afirmo que ejercer la Presidencia haga a alguien incapaz de cometer delitos. Tampoco confundo el patrimonio de Venezuela con el patrimonio de su presidente: el dinero público pertenece al pueblo. Lo que cuestiono es la facilidad con que una acusación se convierte en una condena política, sin que la sociedad haya examinado las pruebas y escuchado plenamente a la defensa.
Mi negativa es clara. Corresponde a los acusadores demostrar, mediante pruebas verificables y sometidas a contradicción, los delitos que alegan. La repetición de una denuncia por autoridades poderosas no sustituye esa obligación.
Hay, sin embargo, otra cuestión que ninguna acusación puede borrar: la manera en que fui sacado de mi país.
Considero mi captura un secuestro y una violación de la soberanía venezolana. Una denuncia penal no debería funcionar como una autorización irrestricta para que una potencia realice una operación militar en otro territorio y se lleve consigo a un gobernante.
Si esa práctica se acepta como regla, ¿quién establecerá sus límites? ¿Qué protección les quedará a los países menos poderosos cuando sus instituciones entren en conflicto con los intereses de una gran potencia?
La historia latinoamericana conoce intervenciones y destituciones impuestas por la fuerza. El caso de Manuel Noriega, en Panamá, impide que se describa lo ocurrido conmigo como un acontecimiento absolutamente sin antecedentes. Pero la existencia de un precedente no zanja la discusión sobre su legitimidad. Nos obliga a examinar qué sucede cuando la fuerza militar pasa a decidir quién será sometido a los tribunales de otro país.
Mi denuncia se dirige a las autoridades responsables de esa operación. No confundo sus decisiones con el pueblo de los Estados Unidos, donde también hay personas comprometidas con la paz, las libertades y el respeto entre las naciones.
Sostengo que mi prisión es injusta y que los actos que la produjeron deben ser investigados de forma independiente. Pido mi liberación y el respeto de mis derechos, incluido el derecho a cuestionar la legalidad de mi captura y la competencia de quienes pretenden juzgarme.
No pido que mi palabra sustituya las pruebas. Pido que el poder de mis acusadores tampoco las sustituya.
Venezuela merece respeto. Su pueblo merece decidir su propio destino. Y ninguna defensa de la justicia será convincente si prescinde de la soberanía, la presunción de inocencia y los límites al uso de la fuerza.
En la voz ficticia de Nicolás Maduro.
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